informe jurídico

Rechazamos la “valoración jurídica”  realizada de parte, por el Asesor Jurídico del COPCyL, en la que la Junta en funciones se apoya para anular nuestra candidatura, legalmente proclamada por la Comisión Electoral.

Condenamos esta actuación irregular de la Junta en funciones y rechazamos, como herramienta jurídica, este “leal saber y entender del abogado Asesor por las siguientes razones:

    1. El Sr. Velasco oculta su participación en la reunión del día 9 con todas las partes implicadas, incluidos los representantes del Consejo General y sus asesoras jurídicas, y obvia los acuerdos de esta reunión.
    2. El Sr. Velasco establece falsamente como un requisito los denominados “documentos acreditativos de la condición de elegibilidad“, para alegar que las candidaturas podrían no estar validamente presentadas. Sin embargo, este requisito no consta en ningun apartado legal de los Estatutos como tal requisito para presentar candidaturas.
    3. El Sr. Velasco alude al artículo 7 de la ley de colegios profesionales para negar que ejercemos nuestra profesión. Artículo que no se refiere a esta condición de elegibilidad, pero sin embargo sí dice que “Podrán ser candidatos los colegiados españoles que, ostentando la condición de electores, no estén incursos en prohibición o incapacidad legal o estatutaria y reúnan las condiciones de antigüedad y residencia u otras de carácter profesional exigidas por las normas electorales respectivas
    4. El Sr. Velasco niega que los miembros de esta candidatura estemos en el ejercicio de nuestra profesión, alegando su interpretación para determinar “lo que se considera ejercicio de la psicología”
    5. El Sr. Velasco, para establecer lo que es el ejercicio de la profesión de psicólogo, extrapola conclusiones jurídicas referidas a otras profesiones. Por lo que en ocasiones se refiere al sentido general del ejercicio profesional y cuando le interesa alude al particular de nuestra profesión, de forma indiferenciada.
    6. El Sr. Velasco asume como exclusivo el ejercicio de la docencia en el cuerpo del Profesorado Docente e Investigador (PDI) de las universidades, en contradicción, y quizas desconociendo, las atribuciones en investigación psicológica de estos profesionales.
    7. El Sr. Velasco evita decir que el Director de un Departamento de Orientación, por ley de 1993, es un profesional Psicólogo o Pedagogo y considera que solo ejerce funciones docentes, sin referir, y quizas desconocer, sus funciones de evaluación, diagnóstico, mediación, asesoramiento e investigación.
    8. El Sr. Velasco se permite insinuar que deberían aparecer los salarios de los candidatos, obviando cualquier referencia a la ley de protección de datos, publicando incluso en su informe algunos datos personales de los candidatos.
    9. El Sr. Velasco obvia que esta documentación para demostrar el ejercicio profesional no era un requisito inicial para presentar candidaturas, aunque la Comisión Electoral la requiere posteriormente, y evita preguntarse por el motivo.
    10. El Sr. Velasco concluye en su informe que él entiende que no concurre el requisito del artículo 7.1: “Quienes desempeñen los cargos de Presidentes, Decanos, Síndicos u otros similares, deberán encontrarse en el ejercicio de la profesión de que se trate”.

“La profesión de que se trate”

Consideramos que este señor no está cualificado para decidir quién está, y quién no, en el ejercicio de la profesión que aquí se trata, la Psicología, pero no dudamos de su capacidad para valorar quién pueda estarlo en el ejercicio del Derecho.

Entendemos que esta Junta ha actuado en contra de las decisiones de la Comisión Electoral y de lo acordado ante el Consejo General y es la ÚNICA RESPONSABLE de la decisión que han tomado para hacer efectiva la suspensión de las elecciones y pretender proclamarse como “candidatura única” el día 25.