inconstitucionalidad

El artículo 36 de la Constitución se refiere a los Colegios Profesionales:

“La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico
de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas.
La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.”

Existen diferentes aspectos de ‘inconstitucionalidad’ en la decisión tomada por la Junta de Gobierno en funciones del COPCyL de anular el nombramiento de nuestra candidatura por la Comisión Electoral.

Además de no referirse a la legislación específica a la que estan sujetos como corporación (Estatutos Generales del COP) y de contradecir las pautas y directrices del propio Consejo General de la Psicología: (ver artículo de infocop)

El llamado “informe jurídico” en el que se apoya, llamado así porque lo realiza el asesor jurídico del COPCyL, tampoco tiene en cuenta el marco jurídico general de la Constitución y los derechos ciudadanos que tenemos como profesionales titulados y colegiados.

Así lo establece la Unión Profesional en su documento “El ejercicio de las profesiones tituladas en el marco de los Derechos Fundamentales (ver documento)“. Sus juristas dicen claramente:

“La Carta Magna no admite cualquier modelo colegial, sino aquél que responda a la protección de aquellos derechos de los ciudadanos incardinados en el interés público y consustanciales a los derechos constitucionales, tanto los que están en su propio ámbito, como los que son necesarios para ejercer aquéllos”. (pág. 64)

La Constitución establece (art. 36) la regulación del ejercicio de las profesiones tituladas,  las que exigen la previa obtención de un título académico o profesional, “teniendo en cuenta que la regulación del ejercicio de una profesión titulada debe inspirarse en el criterio del interés público y tener como límite el respeto del contenido esencial de la libertad profesional (SSTC 42/1986 y 166/1992)”

El artículo primero de la Ley de creación del Colegio Oficial de Psicólogos  recuerda la sujeción a la Ley Marco de la Constitución:

“Se crea el Colegio Oficial de Psicólogos, como corporación de Derecho público, que tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines con sujeción a la Ley

Y esta Ley dice en su preámbulo:

El principio de representación orgánica consagrado por el ordenamiento constitucional español se hace efectivo mediante la participación del pueblo en las tareas legislativas y en las demás funciones de Interés general, que se lleva a cabo a través de la familia, el Municipio, el Sindicato y demás Entidades con representación orgánica que a este fin reconozcan las leyes. Estas instituciones deben ser amparadas, en cuanto satisfacen exigencias sociales de interés general, para que puedan participar eficazmente en el perfeccionamiento de los fines de la comunidad nacional.

Entre las Entidades aludidas se encuentran los Colegios Profesionales, cuya participación en las Cortes y a través de ellas en el Consejo del Reino, así como en las Corporaciones Locales, se reconoce en las Leyes Constitutivas de las Cortes (R. 1967, 767 y Apéndice 1951-66, 3690. nota). de Sucesión en la Jefatura del Estado (R. 1967, 767 y Apéndice 1951-66, 8559. nota) y de Régimen Local (R. 1956, 74, 101 y Apéndice 1951-66,272).

Recordemos que el propio Tribunal Constitucional (SENTENCIA 89/1989, de 11 de mayo) dice…

“El legislador, al hacer uso de la habilitación que le confiere el artículo 36, deberá hacerlo de forma que restrinja lo menos posible, y de modo justificado, tanto el derecho de asociación (art. 22) como el de libre elección profesional y de oficio (art. 35), y que al decidir, en cada caso concreto, la creación de un colegio profesional, en cuanto tal, haya de tener en cuenta que, al afectar la existencia de éste a los derechos fundamentales mencionados, sólo será constitucionalmente lícita cuando esté justificada por la necesidad de servir un interés público.”

Sin embargo, el llamado “informe jurídico” va en contra directamente del artículo 2.6 de la Ley de Colegios Profesionales:

“El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes. En ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí mismos o través de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, establecer restricciones al ejercicio profesional en forma societaria”

¿Realmente nos merece la pena como colegiados contravenir los Estatutos Generales e incumplir la Ley Orgánica para evitar unas votaciones libres?

Si entre la funciones de los Colegios Profesionales, por ley, están las funciones de:

  • “Estar representados en los Patronatos Universitarios.
  • Participar en la elaboración de los planes de estudio e informar las normas de organización de los Centros docentes correspondientes a las profesiones respectivas y mantener permanente contacto con los mismos y preparar la información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos profesionales.
  • Ostentar en su ámbito la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, Entidades y particulares con legitimación para ser parte en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales …
  • Ordenar en el ámbito de su competencia, la actividad profesional de los colegiados, velando por la ética y dignidad profesional y por el respeto debido a los derechos de los particulares y ejercer la facultad disciplinaria en el orden profesional y colegial.
  • Procurar la armonía y colaboración entre los colegiados, impidiendo la competencia desleal entre los mismos.”

¿Cómo puede el COPCyL cumplir estas funciones si no reconoce y respeta los derechos de las y los Psicólogos docentes e investigadores (PDI) de las universidades?

La Ley de Colegios Profesionales es clara en su artículo 8 y la Junta de Gobierno en funciones no puede presionar o suplantar a la Comisión Electoral:

Son nulos de pleno derecho los actos de los órganos colegiales en que se den algunos de los siguientes supuestos:

  • Los manifiestamente contrarios a la Ley;
  • los adoptados con notoria incompetencia;
  • aquellos cuyo contenido sea imposible o sean constitutivos de delito;
  • los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para ello o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.”


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